El reto no es solo implantar tecnología, sino garantizar que esa tecnología esté alineada con los valores estratégicos de la Unión Europea: interoperabilidad, protección de datos, transparencia y resiliencia digital.
El gran volumen de datos que se trabajan en los servicios públicos son una tentación para los ciberdelincuentes, provocando ataques de ransomware, las brechas de datos o, incluso, el ciberespionaje.
España ha avanzado en los últimos años con iniciativas como la Carpeta Ciudadana, el DNI electrónico o el Plan de Digitalización de las Administraciones Públicas 2021-2025.
Para que un contrato de I+D quede excluido de la LCSP (Ley de Contratos del Sector Público) bastará con que no se encuentre incluido en los códigos indicados o, si lo está, que no cumpla esas dos condiciones.
La transición digital ofrece a las autoridades locales una oportunidad clave, que, sin embargo, solo puede ser sostenible sobre una base de ciberseguridad sólida, integrada desde el diseño, con capacidades internas reforzadas y apoyo experto.
Los Tribunales Administrativos de Recursos Contractuales lo recuerdan constantemente: los pliego, tanto el de cláusulas administrativas como el técnico, constituyen la norma del contrato y vinculan tanto a la Administración como a los licitadores.
El adelanto de información valorable en otro sobre puede suponer la exclusión directa del licitador. Para ello, se precisa de un análisis y valoración previa del sentido y alcance de la contaminación producida, no configurándose pues como un criterio absoluto.
La omisión de los incrementos previstos en el Convenio Colectivo para los años de duración del contrato puede determinar el rechazo de la justificación de oferta anormal ex artículo 149.4 LCSP.
Entre los alegatos más repetidos están los que se refieren al número de perfiles exigidos o a la formación y titulación requerida para prestar el servicio licitado.
El marco normativo que regula la presente cuestión se encuentra en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, en concreto, en su artículo 139.2, que impone el secreto de las proposiciones.
En aquellos casos en que los pliegos que rigen un determinado acuerdo marco recojan ciertas tecnologías válidas, se plantea la cuestión de si el documento de licitación que rige un determinado contrato basado en dicho acuerdo marco puede excluir o descartar una de esas tecnologías.
La Resolución nº 177/2025 del Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales (TACRC) ofrece una valiosa reflexión jurídica sobre cuestiones clave en materia de contratación pública.
El pliego de cláusulas administrativas particulares es un documento de carácter jurídico que recoge las normas de tramitación del procedimiento para la adjudicación del contrato, así como las normas que aplicaran a la ejecución del mismo.
Este texto se centra en el reciente pronunciamiento del Tribunal Supremo acerca del abono de intereses de demora por las obras recibidas y ocupadas por la Administración no previstas en el proyecto de obra.
Se considera fraccionamiento de contratos públicos la división en dos o más contratos de aquellas prestaciones que, según su naturaleza, podrían agruparse bajo uno único, llevando aparejada, en la mayoría de los casos, la intención de eludir la aplicación de las normas procedimentales.
En los anuncios de licitación de los contratos reservados a Centros Especiales de Empleo de iniciativa social y a empresas de inserción, debe hacerse referencia a la Disposición adicional cuarta de la LCSP.
La solvencia técnica se refiere a la capacidad y competencia de un empresario para la ejecución de un contrato determinado, acreditada mediante la posesión de conocimientos técnicos especializados.
Es importante que las resoluciones de adjudicación contengan una exposición resumida de las razones por las que se han excluido y/o descartado ciertas ofertas, así como las razones por las que se determina adjudicar el contrato el licitador seleccionado.
Es bastante frecuente en la operativa de contratación pública la necesidad de corregir o dar marcha atrás en los procedimientos de licitación, en aquellos supuestos en los que los órganos de contratación advierten de errores en la configuración de los pliegos, una vez el expediente se encuentra publicado y en tramitación.
En estos últimos años se han suscitado diversas polémicas, recursos, litigios y consultas a órganos consultivos relacionadas con la subida de los costes en los contratos del sector público, y es por ello que con esta tribuna pretendo desvelar, o mejor dicho, aclarar las conclusiones de todo lo acaecido al respecto, y no solo en cuan...
Prev.
OPINIÓN
El auge de la inteligencia artificial, impulsada por la IA generativa, está remodelando el panorama de los centros de datos, llevándolos a un nuevo territorio que exige más que simples actualizaciones incrementales.
La transformación digital en la administración pública es, sin lugar a duda, uno de los grandes logros de las últimas décadas. Esta evolución ha permitido que los ciudadanos accedan de forma más rápida y cómoda a servicios esenciales.
En el mundo empresarial actual, dominar la gestión de la información no es solo un desafío técnico, es un activo estratégico. Las empresas que gestionan eficazmente sus datos pueden obtener una ventaja competitiva
En un mundo cada vez más digitalizado, las administraciones públicas deben adaptarse rápidamente para satisfacer las crecientes demandas de los ciudadanos y mejorar la eficiencia de sus servicios.
EL EXPERTO EN CONTRATACIÓN PÚBLICA TE CUENTA...
El contexto actual en el que nos encontramos de nerviosismo en relación a la ejecución de proyectos o subproyectos englobados dentro de algún componente del Plan de Recuperación Transformación y Resiliencia (en adelante, PRTR), que como todos sabemos tienen unos plazos de ejecución muy ambiciosos y ello unido a una sensación general...
El Esquema Nacional de Seguridad, tal y como está recogido en el artículo 2 del Real Decreto 311/2022, de 3 de mayo, resulta de aplicación a las entidades del sector público, a las entidades del sector privado que les presten servicios competenciales y, en general, a la cadena de suministro de estas últimas, en la medida que un anál...
INFORMES
Con un volumen de ciberataques nunca antes visto, potenciado por herramientas de IA y automatización, las entidades públicas siguen reforzando su postura de seguridad, mientras se apoyan en las normativas de seguridad para afrontar desafíos como la complejidad tecnológica y organizativa.
Mientras se consolidan las políticas de datos, se fortalece la ciberseguridad y se gestiona el cambio cultural que supone la transformación digital, las nuevas tecnologías se van abriendo paso en el proceso de digitalización que se inició hace cinco años.
Mientras la progresiva digitalización de las entidades públicas sigue su camino, el trabajo sobre las estructuras de datos y la mejora de sus eficiencias es constante. Las estrategias de datos son cada vez más sólidas y más amplias, apoyadas por planteamientos macro.